El alto tribunal le puso freno a la decisión de la Fiscalía que había levantado las órdenes de captura a líderes de bandas criminales del Valle de Aburrá como parte de la estrategia de paz urbana que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución expedida por la Fiscalía General de la Nación con la que se levantaron las órdenes de captura contra 23 líderes de bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia), en el marco de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.
La decisión del alto tribunal se dio en medio del estudio de una demanda de nulidad interpuesta el pasado 6 de abril por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el apoderado judicial del departamento, el abogado Carlos Fernando Duque Gómez, contra la resolución mediante la cual la Fiscalía ordenó suspender 23 órdenes de captura.
Con esta decisión, ahora siete jefes de estructuras criminales que estaban «blindados» contra cualquier captura, vuelven a estar bajo el radar de la justicia.
Los líderes de las bandas criminales a los que les aplica esta medida de Consejo de Estado son:
Alberto Antonio Henao Acevedo
Andrés Dimaría Oliveros Correa
Fredy Alexander Henao Arias
Gustavo Adolfo Pérez Peña
Jhon Fredy Yepes Hoyos
Mauricio de Jesús Morales Múnera
Rodrigo Henao Acevedo.
El tribunal consideró que la Fiscalía no realizó una verificación autónoma, suficiente y material de los requisitos legales necesarios para otorgar beneficios de suspensión de captura. La resolución, según los magistrados, carece de motivación adecuada y no valoró cada caso de forma individual, lo que vulnera los principios de legalidad y control judicial.
En su fallo, el Consejo de Estado recordó que la Corte Constitucional ha establecido que la suspensión de órdenes de captura no puede aplicarse de manera “generalizada ni discrecional”. Cada medida debe contar con justificación clara y evaluación judicial independiente, según la Sentencia C-525 de 2023, de acuerdo al documento que dio conocer El Colombiano.
El proceso judicial seguirá su curso hasta que se dicte la sentencia definitiva de fondo; mientras tanto, Medellín se convierte nuevamente en un foco de debate sobre la autoridad del Gobierno, la Fiscalía y los riesgos de impunidad en la región.
La Resolución 72, emitida a finales de marzo, generó rechazo inmediato de autoridades locales. La suspensión temporal de capturas se enmarcó en la política de ‘Paz Urbana’, diseñada para buscar acuerdos con líderes de bandas criminales mediante beneficios jurídicos en procesos de diálogo sociojurídico.
Todo inicio con el polémico “Tarimazo” que marcó un punto de quiebre en el debate sobre la ‘Paz Urbana’, una rama de la política de ‘Paz Total’. El hecho ocurrió el 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, durante un acto público encabezado por el presidente Gustavo Petro; en ese escenario, varios de los principales cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá compartieron la tarima central junto al presidente.
Allí hicieron presencia varios hombres, recluidos en la cárcel de Itagüí y condenados por delitos como narcotráfico, extorsión y homicidio, generó sorpresa inmediata. Figuras como alias Douglas, alias Tom y alias Carlos Pesebre aparecieron cerca de Gustavo Petro, lo que desató una fuerte controversia nacional. La escena fue interpretada como una ruptura simbólica de las distancias entre el Estado y organizaciones criminales.
