El concejal Andrés Barrios pide al Consejo de Estado suspender la norma por “vulnerar derechos de los padres”
El concejal de Bogotá Andrés Barrios radicó el 16 de julio ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la resolución conjunta 1250 de 2026, expedida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con la que se adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035.
La acción judicial busca que se suspenda la norma antes del cambio de gobierno del 7 de agosto, cuando el presidente electo Abelardo De La Espriella asumirá el mandato.
La resolución define una hoja de ruta a 10 años y distribuye responsabilidades entre los sectores de salud, educación, trabajo y cultura para reducir barreras de acceso y fortalecer la atención integral en temas como emergencias obstétricas, violencias sexuales, VIH, infecciones de transmisión sexual e interrupción voluntaria del embarazo.
Según el Gobierno nacional, la política aplica en todo el territorio y se estructura bajo cinco ejes: transformación de normas sociales y de género, fortalecimiento institucional, protección frente a violencias de género, acceso efectivo a servicios integrales y priorización de sujetos de especial protección constitucional.
Los argumentos de la demanda
Barrios sostiene que la resolución es ilegal porque cuatro ministerios asumieron competencias que no les corresponden al crear una política pública nacional con efectos hasta 2035 e imponer obligaciones al sistema educativo.
“Esta resolución constituye un acto administrativo ilegal porque cuatro ministerios asumieron competencias que no les corresponden para crear una política pública nacional con efectos durante diez años e imponer obligaciones en el sistema educativo colombiano. La decisión desconoce la potestad reglamentaria del Presidente de la República y la reserva de ley que en materia educativa corresponde al Congreso de la República”, afirmó el cabildante.
En la demanda se formularon cinco cargos. El principal señala falta de competencia de los ministerios para expedir la política mediante resolución.
El concejal también cuestiona el contenido de la norma. Según Barrios, incorpora temas relacionados con el deseo, el placer y la identidad sexual desde la primera infancia y ataca la autonomía de las instituciones educativas y las creencias de quienes defienden la familia y los valores.
“La medida vulnera la autonomía escolar, al imponer un contenido uniforme a todos los establecimientos educativos del país, desconociendo la participación de directivos, docentes y padres de familia prevista en la ley”, destacó.
Para Barrios, la resolución desconoce el artículo 68 de la Constitución, el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y jurisprudencia de la Corte Constitucional que reconoce que la educación sexual incumbe de manera primaria a los padres.
Otro punto de la demanda advierte que el texto final expedido difiere del documento que fue sometido a comentarios ciudadanos, sin que esos cambios hubieran sido consultados con las familias.
“La protección de la niñez, el respeto por la autonomía de las instituciones educativas y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos no pueden quedar a merced de una resolución expedida por el gobierno saliente. Acudí al Consejo de Estado para solicitar la suspensión de esta medida y evitar que tenga efectos adversos sobre millones de estudiantes. No voy a permitir que, por la puerta de atrás, se imponga una agenda ideológica para ilegalmente condicionar la formación de nuestros niños”, puntualizó el concejal.
El Consejo de Estado deberá ahora estudiar la demanda y decidir si decreta la suspensión provisional de la resolución mientras se falla de fondo.
