La Fiscalía lo señala como jefe operativo de una red vinculada al Comando de la Frontera que habría movilizado más de 3 toneladas de droga en vehículos de la UNP
La Juez Segunda Promiscua Municipal de Silvia, Cauca, ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Carlos Vélez Romero, alias ‘El Mono’, ‘Dorian’ o ‘D’, gestor de paz designado por el Gobierno de Gustavo Petro, por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.
La decisión se tomó en audiencias preliminares y reabrió el debate sobre los controles aplicados a quienes reciben esa designación oficial.
Según el expediente, Vélez Romero sería jefe operativo y financiero de una red vinculada al Comando de la Frontera, estructura que las autoridades relacionan con Giovanni Andrés Rojas, alias ‘Araña’.
La Fiscalía le atribuye la coordinación de más de 10 eventos de transporte de droga entre 2025 y 2026. La organización habría movilizado más de tres toneladas de cocaína y marihuana utilizando camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para mover cargamentos por distintas regiones del país, incluidos los Llanos Orientales y departamentos como Bolívar.
La captura se produjo el viernes 24 de julio de 2026 en una vivienda de Chía, Cundinamarca, tras varios meses de seguimiento e inteligencia.
Uno de los principales testigos en su contra es Manuel Castañeda Bernal, alias ‘narcochofer’. En declaraciones a El Tiempo, Castañeda aseguró que Vélez Romero era “el mayor relacionista, el encargado o delegado por alias JJ” para los pagos de la droga que él transportaba en vehículos de la UNP a nivel nacional.
“Cuando entrábamos a los campamentos a recoger la droga, en los vehículos de la UNP, para poder salir de ciertos territorios tocaba identificarse o decir de parte de quién iba uno. Y la instrucción de JJ era decir que era de parte de alias Araña”, relató el testigo.
Castañeda también vinculó a Jhon Jairo Giraldo Portilla, alias ‘JJ’, señalado como pariente de ‘Araña’ y quien permanece prófugo. Para la Fiscalía, Giraldo Portilla se habría sometido a cirugías plásticas para evadir a las autoridades.
El abogado de Vélez Romero, Jefferson Torres, cuestionó la credibilidad del testigo. Aseguró que Castañeda acumula más de 30 denuncias por estafa y que “es proclive a mentir”. Además, señaló que una de sus declaraciones no tiene la firma de la fiscal del caso y que otros testimonios provienen de la esposa y de un primo de Castañeda, también procesado por narcotráfico.
Torres pidió que su cliente cumpliera la medida en un resguardo indígena Inga en Cauca, argumentando que está casado con una integrante de esa comunidad y que es padre cabeza de familia. La jueza negó la solicitud.
El apoderado apeló la decisión.
Cuestionamientos al proceso de designación
Durante la audiencia, la fiscal Magda Antury cuestionó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz por la documentación entregada sobre la designación de Vélez Romero y de Giraldo como gestores de paz. La funcionaria calificó de insuficiente la información suministrada por esa dependencia sobre los fundamentos del nombramiento.
El caso vuelve a poner sobre la mesa las garantías y verificaciones que rodean la figura de gestor de paz, creada para facilitar diálogos con grupos armados al margen de la ley.
Vélez Romero permanecerá recluido en un establecimiento penitenciario mientras avanza el proceso judicial.
