El ente de control pidió respaldar el gasto con ingresos ciertos y advirtió que la dependencia de la deuda reduce el margen para proyectos locales
Bogotá. El proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027 llegó al Congreso con una alerta de la Contraloría General de la República: presenta una desfinanciación de $30,2 billones, lo que a juicio del organismo compromete la sostenibilidad fiscal y debilita la inversión en regiones.
En su análisis, la CGR señaló que gran parte del gasto se concentra en el servicio de la deuda pública, mientras los recursos para inversión y funcionamiento permanecen “prácticamente estancados”. Además, advirtió riesgos en el Sistema General de Regalías por menor recaudo, bloqueo de apropiaciones y caída de la capacidad de inversión, con efectos directos sobre 1.030 municipios, 32 departamentos y cientos de obras.
“La discusión legislativa debe conducir a un presupuesto técnicamente financiado, responsable y capaz de cumplir los compromisos del Estado”, pidió la Contraloría. El organismo recomendó respaldar “cada apropiación con ingresos ciertos” o ajustar el gasto para preservar la sostenibilidad.
Un problema que se repite desde 2024
La advertencia no es nueva. Según la Contraloría, en las tres últimas vigencias -PGN 2024, 2025 y 2026- se identificaron riesgos estructurales asociados a la financiación.
El antecedente más reciente fue el 19 de agosto de 2025, durante el trámite del PGN 2026. En ese momento el ente alertó que “el principal riesgo fiscal del proyecto residía en la incertidumbre sobre las fuentes de financiación previstas” y que el Gobierno “volvió a planear el presupuesto con base en una reforma tributaria que no se materializó”.
Para 2027, la Contraloría insistió en que el presupuesto debe sustentarse en ingresos ciertos y no en supuestos. También pidió aumentar la inversión en vez de reducirla y mantener coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
La composición del proyecto para 2027 preocupa al ente de control porque el aumento del gasto se explica principalmente por el servicio de la deuda, mientras inversión y funcionamiento quedan rezagados. A eso se suma que los ingresos estimados disminuyen frente a 2026 y cae la participación de los ingresos corrientes.
Las tres entidades con mayor apropiación son:
– Ministerio de Educación Nacional: $79,03 billones
– Ministerio de Salud y Protección Social: $77,20 billones
– Ministerio del Trabajo: $52,31 billones
Frente a 2026, el Ministerio de Defensa Nacional registra el mayor aumento entre las grandes carteras, con un alza de 16,8%. En contraste, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reduce su asignación 3,6% y la Rama Judicial 0,6%.
Los recortes más severos se concentran en:
– Fondo Adaptación: cae 89,1%, de $548.673 millones a $60.030 millones
– UNGRD: baja 88,5%, de $7,05 billones a $812.544 millones
– Ministerio de Igualdad y Equidad en liquidación: -62,4%
– Fonvivienda: -58,8%
– Agencia Nacional de Hidrocarburos: -50,6%
Alerta por regalías: menos caja para regiones
A la brecha del PGN se suma la situación del Sistema General de Regalías. La Contraloría advirtió recaudo por debajo de lo previsto, bloqueo de apropiaciones y menor capacidad de inversión territorial.
Como los ingresos del sistema dependen principalmente de hidrocarburos y minerales, la caída genera insuficiencia de caja en entidades territoriales y pone en riesgo obras, pagos a contratistas y servicios en 1.030 municipios y 32 departamentos.
La situación también afecta la vigilancia. “La mayor paradoja es evidente: cuando los recursos escasean y requieren mayor vigilancia, también se debilita la capacidad institucional para protegerlos”, señaló el organismo que lidera Carlos Hernán Rodríguez.
La financiación de la planta de personal especializada en control de regalías depende de esa misma fuente. Si disminuyen los recursos, se limita el control oportuno. “Una supervisión más tardía incrementa el riesgo de daño al patrimonio público”, advirtió.
Entre el 1 de septiembre de 2022 y el 1 de junio de 2026, la Contraloría abrió 706 procesos de responsabilidad fiscal por más de $2,014 billones, emitió 881 decisiones de fondo, recuperó $85.000 millones en recursos de regalías y auditó 2.028 proyectos. De esas actuaciones surgieron 1.549 hallazgos fiscales por más de $4,4 billones.
Con este panorama, la discusión del presupuesto de 2027 queda ligada a cerrar la brecha con bases fiscales sólidas. Para la Contraloría, la decisión del Congreso debe garantizar un presupuesto financiado, sostenible y con capacidad real para responder a los compromisos del Estado.
