El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó frenar operaciones aéreas ofensivas cuando exista información “razonablemente verificable” de niños reclutados. El ministro Rodrigo Lara dice que la medida otorga inmunidad a los grupos armados
Bogotá. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella apelará el fallo del Juzgado 34 de Familia de Bogotá que ordenó suspender operaciones aéreas ofensivas en zonas donde se sospeche la presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó la decisión de “absurda e inconstitucional” y advirtió que un estándar tan amplio termina haciendo “materialmente imposible” el empleo de bombardeos.
La medida provisional fue decretada este jueves y está dirigida a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares, al Ejército Nacional, a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y a la Armada Nacional.
Responde a una acción de tutela presentada por el ciudadano Ower Jimmy Borda Parra, en calidad de agente oficioso de menores reclutados.
¿Qué ordena el juzgado?
El fallo establece que, “mientras se profiere decisión de fondo”, las autoridades se “abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados”.
La suspensión irá hasta tanto “se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias”.
La respuesta del Gobierno
A través de su cuenta de X, el ministro Lara dijo que las decisiones judiciales se respetan, pero también se estudian y critican. Cuestionó la redacción de la orden por su ambigüedad.
“¿Qué significa, en términos operacionales, ‘razonablemente verificable’? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible”, señaló.
Para el jefe de la cartera política, con ese criterio “en un conflicto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a menores de edad, un estándar tan abierto termina haciendo materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos”.
Lara sostuvo que el Gobierno cumple con la obligación de proteger a los menores, pero también debe ordenar operaciones para combatir a las organizaciones armadas, pese a saber que usan niños en sus filas.
“Abstenerse de ejecutar esas operaciones por el hecho de que los grupos armados recurren al reclutamiento forzado de menores de edad supone un riesgo, debido a que se estaría otorgando inmunidad a los criminales”, afirmó.
“Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este gobierno. Pero convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas, termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo”, agregó.
El ministro confirmó que el Ejecutivo usará “los recursos de ley para que se revoque la medida provisional”.
La decisión del juzgado se da días después de la Operación Amón, ejecutada el 27 de agosto en el municipio de El Retorno, Guaviare. En ese bombardeo murieron tres menores de edad.
Por estos hechos, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza radicó una proposición para citar a debate de control político al ministro de Defensa Nacional, general (r) Jorge Eduardo Mora López, y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Andrés Ríos.
El Gobierno ahora deberá sustentar ante segunda instancia por qué considera que la medida provisional afecta la capacidad operacional de la fuerza pública en zonas con presencia de grupos armados que reclutan menores.
