Rodrigo Lara señaló que la directriz se enfoca en redes criminales que lucran con el tráfico de personas en el Darién, como el Clan del Golfo
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró este lunes que la orden del presidente Abelardo de la Espriella de priorizar la identificación y deportación de extranjeros involucrados en delitos “de ninguna manera” se refiere a los venezolanos que llegaron a Colombia durante la crisis migratoria de 2019 a 2021 y fueron regularizados.
La precisión del jefe de la cartera política se da luego de que el mandatario, en un consejo de seguridad el domingo 23 de agosto de 2026, instruyera a Migración Colombia y a la Policía Nacional iniciar operativos conjuntos contra migrantes “ilegales”.
“Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo”, dijo De la Espriella en esa reunión.
La aclaración: el foco son las redes criminales del Darién
En entrevista con Noticias Caracol, Lara explicó que la directriz presidencial apunta a las organizaciones criminales que lucran con el tránsito irregular de personas por el Darién hacia Estados Unidos, y no a la población venezolana que ya cuenta con estatus legal en el país.
“El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis”, afirmó el ministro.
Lara recordó que entre 2019 y 2021 ingresaron a Colombia casi dos millones de venezolanos y que “en un 90 y tanto por ciento” fueron regularizados bajo un régimen de protección que les permitió acceder a servicios públicos y sociales.
“Los venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección por parte del Gobierno colombiano y que se insertaron no son migrantes ilegales de ninguna manera”, sostuvo.
El ministro agregó que parte de esa población ya regresó a Venezuela, mientras que otros “se quedaron e integraron perfectamente” al país.
Trata y tráfico de personas en el corredor del Darién
Al explicar el sentido de la medida, Lara encuadró el fenómeno dentro de una definición amplia de trata y tráfico de personas. Señaló que el delito no se limita a la explotación sexual, sino que incluye “el negocio ilícito del tráfico de personas para las migraciones”.
Según el ministro, ese problema se concentra en el corredor del Darién, donde organizaciones criminales transformaron el paso de migrantes en una fuente de lucro.
“Colombia no puede convertirse en un punto de paso”, advirtió, al referirse al uso del territorio por parte de redes transnacionales que trasladan personas hacia Centroamérica y luego a Estados Unidos.
Al ser consultado sobre quiénes son esas redes, Lara mencionó directamente al Clan del Golfo y a “organizaciones narcoterroristas” que, en su concepto, convirtieron el flujo migratorio en un negocio y se insertan en “todo tipo de delitos”.
“Se refiere a las redes criminales, a los que se están lucrando, particularmente con el paso de migrantes ilegales en el Darién”, dijo.
El ministro del Interior sostuvo que el país debe colaborar con otros Estados para combatir a esas estructuras.
En su última precisión reiteró que la interpretación oficial excluye a los venezolanos regularizados y se concentra en el combate contra el tráfico y la trata de personas.
“Nos referimos es básicamente al tráfico, a la trata de personas, que tiene unas redes de criminales que operan particularmente en el Darién”, concluyó Lara.
