El Ministerio del Interior, liderado por Rodrigo Lara, publicó un borrador de decreto de 24 artículos con el que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca establecer nuevas reglas para el manejo de las protestas en el país y precisar cuándo puede intervenir la Policía
La propuesta, que llega semanas después de que el mandatario advirtiera que no permitiría desmanes en universidades públicas, plantea que el diálogo y la mediación sean la primera opción de las autoridades, sin que ello frene acciones directas contra quienes cometan actos violentos.
Según el texto, privilegiar la concertación será “una regla de preferencia” frente a la manifestación como conjunto, pero no un requisito que condicione o suspenda la intervención individual contra personas que porten armas de fuego, armas blancas, explosivos o artefactos incendiarios, retengan a otros contra su voluntad o agredan a civiles, funcionarios, uniformados, misiones médicas o periodistas.
El proyecto también ordena que gestores de convivencia y equipos de diálogo mantengan comunicación durante toda la movilización, y aclara que la mediación podrá retomarse incluso después de un operativo policial, “siempre que las acciones violentas hayan cesado”.
El uso de la fuerza, indica el documento, deberá aplicarse “sin demoras injustificadas” para prevenir delitos, proteger la vida, cuidar los bienes y restablecer la seguridad, bajo los principios de legalidad y proporcionalidad.
El Ministerio argumenta que el Decreto 003 de 2021 quedó corto frente al aumento de la conflictividad y no definió quién debe actuar ante bloqueos ni cómo garantizar servicios esenciales y abastecimiento.
Cita cifras de la Defensoría del Pueblo: los eventos de protesta pasaron de 1.427 en 2022 a 4.039 en 2025, con presencia en 536 municipios. El bloqueo de vías fue la modalidad más usada (41%), y la región Caribe concentró el 31% de los casos.
