Las autoridades judicializaron a un hombre que habría aprovechado la situación de vulnerabilidad de menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena Jiw, en el departamento del Meta, para someterlas a explotación sexual a cambio de ayudas básicas
El procesado fue identificado como Fredy Humberto Gómez Aguilera, quien según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, ofrecía dinero, alimentos, alojamiento y otros elementos de primera necesidad a las víctimas.
Uno de los casos documentados por el ente acusador corresponde a una niña de 13 años del resguardo Luna Roja, en Puerto Concordia, Meta. Los hechos habrían ocurrido entre mayo y junio de 2023.
De acuerdo con la Fiscalía, en una ocasión Gómez Aguilera habría llevado a la menor a una finca ubicada en Mapiripán, donde presuntamente la agredió sexualmente bajo la promesa de entregar agua y otros insumos para su comunidad. En otro episodio, la habría trasladado a un centro asistencial haciéndose pasar por familiar para que recibiera atención médica, momento que habría aprovechado para cometer el abuso.
Las indagaciones también evidenciaron que el hombre presuntamente contactaba por teléfono a otras adolescentes indígenas y las citaba en un inmueble de Puerto Concordia, con ofrecimientos económicos, para sostener encuentros sexuales.
La captura fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el kilómetro 26 de la vía nacional de Puerto Concordia. Posteriormente, una fiscal de la Seccional Guaviare lo presentó ante un juez de control de garantías.
Al detenido le fueron imputados los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambos agravados. El procesado no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Esta es la cuarta judicialización que se logra dentro de una investigación priorizada por la Fiscalía, orientada a identificar y procesar a los responsables de violencias contra niñas, niños, adolescentes y mujeres de comunidades indígenas en el oriente del país.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
